Este artículo se produjo para la Local Reporting Network de ProPublica en colaboración con MLK50: Justice Through Journalism. Justice Through Journalism. Suscríbase a Dispatches para recibir nuestros reportajes en su bandeja de entrada cada semana.
Un sábado nublado de febrero, un vendedor ambulante llamado Elmer colocó docenas de pares de zapatos de tenis gastados, pero muy bien limpiados, sobre unas mesas junto a una tiendita.
Este padre hondureño de 44 años tenía la sensación de que su cabeza giraba sin cesar, saludando a los pocos clientes que se acercaban mientras vigilaba la concurrida calle a sus espaldas. Estaba listo para atender al cliente o salir corriendo.
El otoño pasado, mientras Elmer y su hijo preparaban el puesto de zapatos, agentes que llevaban chalecos de Seguridad Nacional detuvieron a dos hombres guatemaltecos en un estacionamiento cercano. Unas horas más tarde, las autoridades de inmigración también detuvieron al propietario mexicano de un puesto de tacos situado al otro lado de la calle.
Luego, en diciembre, también se llevaron al sobrino de Elmer de 19 años, después de una parada de tránsito; sigue encarcelado en un centro de detención de Tennessee. A Elmer le preocupa que él y su hijo pueden ser los próximos. Huyeron de Honduras hace siete años para escapar de la violencia de las pandillas y no tienen permiso para estar en Estados Unidos. Elmer habló con MLK50: Justice Through Journalism y ProPublica con la condición de que solo usaran su primer nombre.
Las personas del entorno de Elmer fueron detenidas como parte de la orden en septiembre del presidente Donald Trump que movilizó a más de dos docenas de agencias del orden público estatales, locales y federales, incluida la Guardia Nacional, en los vecindarios de Memphis, Tennessee. A diferencia de las operaciones federales en Minneapolis, Chicago y otras ciudades donde los agentes de inmigración inundaron las calles para intensificar las deportaciones, la misión estatal del Grupo Especial de Seguridad de Memphis era diferente: “acabar con la delincuencia en las calles y los delitos violentos en Memphis en la mayor medida posible”.
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Pero poco más de una cuarta parte de los más de 5,200 arrestos hechos por el grupo especial en Memphis y sus alrededores han sido por delitos violentos, según un análisis de MLK50 y ProPublica de casi cuatro meses de informes diarios de detenciones, desde octubre hasta principios de febrero. La gran mayoría de los arrestos por delitos violentos surgieron de órdenes de arresto pendientes.
Y a pesar de que los delincuentes violentos eran el objetivo principal del grupo especial, la operación se ha llevado a más de 800 inmigrantes que, según los agentes del orden público, se encontraban ilegalmente en los Estados Unidos. De ellos, tan solo el 2 % o 17 también fueron detenidos por delitos violentos, según nuestro análisis.Estar aquí ilegalmente, sin otros delitos, constituye una infracción civil, no penal.
Se produjeron más arrestos de inmigrantes en y alrededor de Parkway Village, el vecindario donde Elmer vende zapatos, que en cualquier otra parte de Memphis, según nuestro análisis. Esta comunidad, mayoritariamente negra, situada en las afueras del centro de la ciudad, es también uno de los vecindarios hispanos de más rápido crecimiento en Memphis. Está repleta de negocios de inmigrantes como peluquerías, supermercados, una asesoría fiscal, que atienden a una clientela mayoritariamente hispanohablante. Otros vendedores ofrecen tamales y queso desde la cajuela de sus coches. En general, el 81 % de los arrestos hechos por el grupo especial del vecindario han sido por delitos no violentos, entre los que se incluyen infracciones de inmigración, delitos relacionados con las drogas, robos y posesión ilegal de armas.
Trump ha proclamado éxito en repetidas ocasiones en Memphis, y ha atribuido al grupo especial una disminución del 30 % en homicidios, agresiones con agravantes y agresiones sexuales en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Aunque algunas investigaciones han demostrado que el aumento de la presencia policial podría disuadir la delincuencia, los datos del Departamento de Policía de Memphis indican que la delincuencia ya había estado disminuyendo de forma constante desde 2023, hasta alcanzar su nivel más bajo en 25 años antes de que el grupo especial comenzara sus operaciones el otoño pasado. Los criminólogos dicen que es necesario realizar más análisis para determinar qué impacto ha tenido el grupo especial en las tasas de delincuencia en Memphis.
Abigail Jackson, una portavoz de la Casa Blanca,señaló que los índices de delincuencia siguieron bajando debido a “la excelente labor del grupo especial del presidente Trump”.
“Todo líder local debería aspirar a emular este éxito”, dijo en un comunicado escrito.
Jackson no respondió a las preguntas sobre la discrepancia entre la misión declarada del grupo especial de poner fin a los delitos violentos, y el hecho de que tan pocos de los inmigrantes detenidos fueran sospechosos de haber cometido tales delitos. Tampoco Brady McCarron, un portavoz del Servicio de Marshals de Estados Unidos, que dirige el grupo especial. Se limitó a reiterar las afirmaciones de Trump de que el grupo especial ha restablecido la ley y el orden en Memphis.
“Todos los habitantes de Memphis hoy están más seguros que hace siete meses gracias al Grupo Especial de Seguridad de Memphis”, dijo McCarron en una declaración escrita. “Las llamadas de asistencia han bajado un 18 % desde el año pasado. Esto significa que se están cometiendo menos delitos que requieran la intervención de los agentes del orden público”.
En respuesta a algunos habitantes de Memphis que dicen que la labor del grupo especial en materia de inmigración les hace sentir inseguros y disuade a los inmigrantes de denunciar delitos y cooperar con la policía, McCarron dijo: “Somos conscientes de las preocupaciones expresadas por los defensores de la comunidad. Nuestro objetivo sigue siendo retirar de la calle a los delincuentes violentos, recuperar las armas de fuego ilegales y proteger a todos los residentes de Memphis, incluidas las comunidades que se ven afectadas de manera desproporcionada por los delitos violentos”.
Lo que la Administración de Trump celebra como una campaña exitosa contra la delincuencia, los grupos de defensa de los latinos y las organizaciones de derechos civiles lo califican de campaña que ha dejado a gran parte de la comunidad hispana confundida y con miedo, a medida que se enfrenta al aislamiento social, la inestabilidad económica y el trauma que ha provocado el grupo especial.
El grupo especial ha reducido el mundo de Elmer al trabajo, la iglesia y una casa de alquiler llena de corrientes de aire cerca de las vías del tren, que comparte con su hijo de veinte años, al que crio solo.
Tres de los hermanos de Elmer también viven en Memphis, pero desde que llegó el grupo especial, las reuniones familiares han sido escasas. Nadie quiere correr el riesgo de que lo detengan mientras conduce por la ciudad.
Durante la semana, Elmer compra zapatos Nike, New Balance y de otras marcas en tiendas de segunda mano y luego los vende frente a la tiendita del vecindario los fines de semana. Elmer dijo que solía vender 100 pares de zapatos a la semana. Ahora, tiene suerte si vende 20, con lo que se lleva a casa $500 al mes en vez de $2,400.
Elmer dijo que su padre, un exagente de policía que tenía un negocio de alquiler de vehículos en la capital de Honduras, fue asesinado a tiros tras negarse a pagar un rescate a una pandilla local. Elmer levantó la barbilla mientras hablaba para evitar que se le cayeran las lágrimas.
“A veces le pregunto a mi hijo, ‘¿Cómo sería tu vida si nunca nos hubiéramos ido?’” Elmer dijo mediante un intérprete de español. Él respondió”, “probablemente estaría muerto’” asesinado por la misma pandilla que mató a su abuelo.
Siempre alerta, Elmer ha trazado tres rutas de huida desde su puesto de zapatos, por si acaso vuelve a aparecer el grupo especial. Mientras los señalaba, una SUV de la Patrulla de Carreteras de Tennessee pasó a toda velocidad por detrás de él, con las luces encendidas y la sirena a todo volumen.
Una tarde de viernes reciente, mientras Elmer estaba trabajando, una SUV blanca sin distintivos que salía del estacionamiento redujo la velocidad y se detuvo a pocos metros de su puesto de zapatos. Los agentes de inmigración, que llevaban unos voluminosos chalecos verdes, estaban sentados dentro del vehículo y miraban fijamente a Elmer y a los hombres hispanos que estaban junto a él.
Los agentes no dijeron ni una palabra, recordaba Elmer, pero “podía sentir la intimidación porque sé quiénes son”.
Aunque a él le pareció una eternidad, según contó Elmer, los agentes federales solo los miraron durante unos diez segundos, el tiempo suficiente para que Elmer descartara las vías de escape que había planeado y recordara el consejo de su hijo: No corras o podrían perseguirte.
Así que se congeló, esperando a que pasara el momento.
Campaña contra los delitos violentos detuvo a inmigrantes
El mes pasado, Trump visitó Memphis y proclamó su victoria desde un escenario decorado con armas incautadas y cajas de cartón con la inscripción “PRUEBAS DE LA DEA”.
“Ahora se han ganado la reputación de ser una ciudad que está resurgiendo con más fuerza que ninguna otra del país, gracias a lo que ha ocurrido con la delincuencia y a que sus líderes políticos han tenido el valor de hacer lo que hicieron,” Trump le dijo a cientos de miembros de la Guardia Nacional, agentes del orden público y líderes republicanos locales y estatales reunidos en un hangar de la Guardia Aérea Nacional de Tennessee.
Junto al escenario había estacionados vehículos blindados y un helicóptero de los agentes del orden público, que enmarcaban al presidente y a otros miembros del gobierno, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. Miller ha trabajado estrechamente con los republicanos de Tennessee mientras intentan aprobar leyes que obliguen a los tribunales, las clínicas de salud pública y a las autoridades del orden público a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. La Administración de Trump ha elogiado la legislación propuesta y al grupo especial como posibles modelos para el resto del país.
La llegada masiva de los agentes del orden público ha creado una situación políticamente riesgosa para el Alcalde de Memphis, Paul Young, un demócrata en una zona tradicionalmente demócrata de un estado gobernado por los republicanos. Horas después de la presencia de Trump, a la cual no asistió el alcalde, Young dijo durante una rueda de prensa que el grupo especial ha “potenciado” la labor que la policía de Memphis ya venía realizando para reducir la delincuencia y que el aumento de la presencia de los agentes del orden público ha dado lugar a “mejores resultados”, especialmente en la ejecución de órdenes de detención. Aproximadamente la mitad de los arrestos hechos por el grupo especial se han debido a órdenes de detención pendientes.
Pero, Young dijo que no está de acuerdo con la función de control de la inmigración que desempeña el grupo especial. “Esa no es una parte de esas iniciativas con la que estoy de acuerdo”, les dijo a los reporteros. “Creo que los inmigrantes de nuestra comunidad han sido una parte fundamental del crecimiento de nuestra ciudad durante los últimos 10 o 15 años, y queremos que se sientan bienvenidos en nuestra comunidad”.
Hay quien afirma que, para los inmigrantes indocumentados, una de las cosas más arriesgadas que pueden hacer desde que llegó el grupo especial es ponerse al volante. De los arrestos de inmigrantes por el grupo especial, unos 4 de 5 fueron después de paradas de tránsito, el análisis de MLK50 y ProPublica constató. La Patrulla de Carreteras de Tennessee, que dirige las operaciones de control de tránsito del grupo especial, suele ser la encargada de realizar las paradas de tránsito, a menudo por infracciones leves, como una luz trasera fundida o cristales demasiado polarizados. Luego, los agentes de inmigración, que a menudo siguen a los agentes estatales o viajan con ellos, interrogan al conductor y a los pasajeros, según Vecindarios 901, una organización de respuesta rápida en materia de inmigración que ha presenciado decenas de paradas. Las personas que no pueden presentar la documentación pertinente son detenidas.
El grupo especial no respondió a las preguntas sobre el uso de las paradas de tránsito como principal medio para detener a los inmigrantes que no están autorizados a permanecer en Estados Unidos.
Según un párroco de una congregación compuesta principalmente por indígenas guatemaltecos, a medida que los agentes del orden público se desplegaban en Parkway Village, la asistencia a la iglesia disminuyó; los feligreses, demasiado asustados para salir de casa, optaron por enviar sus peticiones de oración a través de servicios en línea, explicó. Los párrocos han acordado actuar como tutores de los hijos de sus feligreses nacidos en Estados Unidos en caso de que sus padres sean deportados.
Los propietarios de negocios y los empleados de los supermercados afirman que las ventas se han desplomado, lo que ha obligado a algunos a reducir al personal. Según un administrador, en las primeras semanas de las operaciones del grupo especial, la asistencia de los estudiantes hispanos a una escuela del vecindario se redujo a la mitad.
En otra escuela del vecindario, su coordinadora de comunicación, Paola, solía empezar su día laboral en la recepción, dando la bienvenida a los estudiantes. Ahora suele comenzar en su coche, mientras lleva a un par de hermanos a la escuela. La joven venezolana de 21 años se ofreció a ayudar después de que el padre de los niños fue detenido en octubre durante una cita en el tribunal de inmigración.A la mamá le da miedo llevarlos a la escuela.
Paola y su padre temían al principio que a ella también la detuvieran, a pesar de que tiene permiso para trabajar en Estados Unidos. Aceptó ser entrevistada con la condición de que solo se utilizara su segundo nombre para protegerla a ella y a su familia.
“Nuestra función no es política” dijo ella. “Estamos aquí para cuidar a los estudiantes y a sus familias”.
A pocos minutos de Winchester Road, una calle muy transitada de Parkway Village, el reverendo Rolando Rostro también vela por su comunidad. Rostro es el párroco de la Iglesia Nueva Vida, la iglesia hispana más grande de la zona de Memphis, donde la asistencia dominical se redujo de 800 a 500 personas durante los primeros meses de actividad del grupo especial. Los feligreses siguen viviendo con miedo, pero la asistencia ha ido aumentando poco a poco, dijo él. “Tenemos que ir a la iglesia”.
Después de recibir avisos de paradas de tránsito a través de llamadas telefónicas o de un sistema en línea creado por Vecindarios 901, Rostro suele acudir al lugar después de que los agentes de la policía estatal o del sheriff del condado, seguidos de los agentes federales, hayan detenido a los conductores. Es parte de su “labor” como párroco durante un periodo difícil para su comunidad, afirmó; para ser testigo y para pedir que pongan en libertad a los inmigrantes detenidos. “La Biblia dice pide y se te dará”, afirmó.
A veces, reconoce a sus feligreses.
“Oigan, él no es ‘lo peor de lo peor,’” Rostro dijo que les ha dicho a los agentes del orden público, refutando la descripción que hace la Administración de Trump de los inmigrantes que buscan las autoridades federales. “Yo lo conozco. Él va a mi iglesia. Es un buen hombre”, Rostro ha dicho, con la esperanza de que compartir detalles sobre la vida de estas personas “les ayude a ver las cosas de una forma diferente”.
Según Rostro, durante la primera administración de Trump, ICE puso en libertad a uno de sus feligreses después de que él habló con los agentes.
Esta vez, eso no ha sucedido.
Así que se pone en contacto con los feligreses que están detenidos y descubre que se encuentran detenidos en condiciones de frío y con plaga de ratas, y que se les presiona para que regresen a sus países de origen. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el ICE aplica normas de detención más estrictas que la mayoría de las prisiones estadounidenses, pero no quiso pronunciarse sobre las condiciones de los centros de detención en los que se encuentran detenidos los feligreses de Rostro.
“Esta es una comunidad familiar”, dijo Rostro, “por lo que la ruptura resulta muy perjudicial para los niños y para toda la estructura familiar”.
Un centro comunitario en estado de alarma
A unas millas de la iglesia, Juan Hernandez, originalmente de México, le mostró a un reportero El Mercadito, el enorme centro comercial cubierto que inauguró en 2005. Los comerciantes de ese centro comercial, normalmente muy concurrido, apenas tenían clientes que atender una tarde de principios de marzo.
Con decenas de puestos de inmigrantes que venden de todo, desde chalecos de seguridad fluorescentes para trabajadores de la construcción hasta vestidos con volantes para niñas pequeñas, El Mercadito también alquila espacios para eventos, entre los que se incluyen lucha libre y quinceañeras.
Pero desde octubre, ha habido menos reservaciones para fiestas de cumpleaños. Mientras los compradores se quedaban en casa, algunos propietarios de puestos tenían dificultades para pagar el alquiler, dijo Hernandez. Dos guatemaltecos propietarios de puestos tenían tanto miedo de ir a trabajar que cerraron sus puestos de ropa.
En las primeras semanas de la presencia del grupo especial, Hernandez intentó tranquilizar a los clientes, a los vendedores y a sus empleados del restaurante mexicano que hay dentro del mercado. Contrató a un servicio de seguridad privada para vigilar las puertas y supervisar las cámaras de vídeo en busca de agentes del grupo especial. Entonces se dio cuenta de que eran las paradas de tránsito realizadas por la policía estatal las que solían dar lugar a arrestos por motivos de inmigración, por lo que ya no necesitaba a los guardias.
Dos o tres veces por semana, unos agentes federales llegaban a su restaurante para desayunar. Primero uno, luego un par, después ocho o más, juntando las mesas. Cuando se marcharon para subir a sus coches, Hernández los vio ponerse unos chalecos con la inscripción HSI: Homeland Security Investigations.
En dos ocasiones, alguien, no sabe muy bien si fue un cliente o el dueño de un puesto, publicó en las redes sociales fotos de los agentes en El Mercadito, como advertencia a los clientes para que no se acercaran.
Hernandez entiende por qué la gente desconfía: dos de sus amigos han sido deportados por las autoridades de inmigración al otro lado de la ciudad, dejando atrás a sus hijos adolescentes. Detuvieron a la hermana de uno de sus meseros.
Sin embargo, tal y como les ha explicado a los vendedores y a sus empleados en una reunión, si no hay clientes ni comensales, los propietarios de los puestos y el restaurante se quedan sin ingresos. Dijo que las ventas de los restaurantes han caído un 40 % desde la puesta en marcha del grupo especial.
“Solía tener esos sentimientos de rabia, ya sabes…, nos están buscando y vienen a comer aquí”, Hernandez dijo a través de un intérprete de español, pero no había nada que pudiera hacer. “Ellos pagaban la comida, así que teníamos que servirles”.
Hernandez normalmente ofrece a los agentes de policía un descuento del 10 % en sus cuentas, pero no a este grupo. “He decidido no hacerles descuentos por el daño que están causando en nuestra comunidad”.
Hernandez había recibido la amnistía del presidente republicano Ronald Reagan cuando llegó a Estados Unidos hace más de 40 años. Dijo que ahora se ha visto obligado a plantearse lo impensable.
“Nunca se me ha ocurrido volver a mi país” dijo él. “Ahora lo hago debido al gobierno”.
Cómo hemos elaborado este reportaje
MLK50 y ProPublica recibían informes diarios sobre los arrestos hechos por el Grupo Especial de Seguridad a través de registros públicos solicitados a la Fiscalía del Condado de Shelby.
Cada entrada del reporte incluye el nombre del acusado, su fotografía de la ficha policial, una ubicación aproximada y un resumen del arresto que incluye los cargos; si el arresto se produjo a raíz de una orden judicial, los detalles de dicha orden y la dirección en la que se produjo el arresto. Los reportes abarcan desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 5 de febrero de 2026, pero nos faltan los registros de 10 días.
Los detalles de cada arresto se extrajeron del resumen mediante el reconocimiento de imágenes y un modelo de lenguaje a gran escala, incluyendo la dirección en la que se produjo el arresto, cada uno de los cargos y si la persona carece de permiso para permanecer en Estados Unidos. Incluimos a esas personas como inmigrantes cuando el grupo especial se refería a ellas como “inmigrante ilegal” o si fueron detenidos por infringir las leyes de inmigración. Se revisó manualmente la exactitud del resultado.
Se utilizaron varios servicios de geocodificación para identificar las coordenadas y el código postal de cada arresto relacionado con la inmigración. En el caso de las entradas sin número de edificio, les asignamos un código postal si toda la calle indicada se encontraba íntegramente dentro de ese código postal. Hemos comprobado manualmente los resultados de las geocodificaciones con una desviación superior a 500 metros. Algunos arrestos no pudieron asociarse a un código postal, aproximadamente 1 en 3, y quedaron excluidos de nuestro análisis de arrestos por código postal. El código postal con el mayor número de arrestos por motivos de inmigración es el 38118, que abarca Parkway Village, Oakville, Oakhaven y Capleville. Incluso cuando los arrestos que no se podían asignar a una ubicación concreta se atribuyeron al código postal que abarcaba la mayor parte del tramo de carretera correspondiente, el 38118 seguía registrando el mayor número de arrestos de inmigrantes. La mayor concentración se encuentra en y alrededor de Parkway Village, un vecindario vagamente definido, sin límites concretos. Todos los delitos registrados en este código postal se comprobaron con varios servicios de geocodificación. Consideramos un arresto en Memphis y sus alrededores cuando formaba parte del área estadística metropolitana.
Hemos clasificado los delitos violentos según la definición del Instituto Nacional de Justicia, que incluye cualquier incidente en el que la víctima sufra daños físicos o sea amenazada con violencia. Un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) asignó los cargos a los códigos de delitos del Sistema Nacional de Notificación de Incidentes del FBI. Los hemos revisado uno por uno manualmente. Un arresto se clasificó como “violento” si se le acusó por asesinato, homicidio, violación, agresión sexual, robo, violencia doméstica o agresión (con agravantes, simple o con intimidación). No todos los homicidios son asesinatos, como es el caso de las muertes justificadas y las muertes por negligencia. Según nuestra metodología, un accidente vehicular que haya causado la muerte de un bebé se considera violento.
Wendi C. Thomas is the founder of MLK50: Justice Through Journalism and an investigative reporter through ProPublica’s Local Reporting Network. Contact her at wendicthomas@mlk50.com
Katherine Burgess is the government accountability reporter for MLK50: Justice Through Journalism. Contact her at katherine.burgess@mlk50.com
Mollie Simon de ProPublica contribuyó a esta investigación. Talia Palacio y Gió Lopez contribuyeron interpretaciones.
Traducido por Deya Jordá. Revisado por Mariana Stolee.
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